Seguridad. Derechos de niños, adolescentes y la sociedad toda en el debate público
El Partido Colorado recoge firmas para plebiscitar una reforma que permita que la Justicia de adultos actúe ante delitos cometidos por personas de 16 años de edad en adelante. El sector de Larrañaga no firmaría la iniciativa. El Frente Amplio y asociaciones civiles organizadas consideran alternativas que no responden al recrudecimiento de las penas.
Matías Rótulo
"Queremos soluciones ya, queremos que los menores infractores paguen". La voz de la mujer sonaba por teléfono exaltada pero segura. Se trata de Fani, viuda de un comerciante asesinado en 2007 por un joven de 17 años.
Según Fani, la culpa del acto del joven es "la pasta base" y sostuvo que "debería estar preso". Al ser consultada sobre la posibilidad de que el joven no tuviera contención, educación y chances de vida desde la infancia, dijo: "Puede ser, pero igual uno ya es lo bastante grande para tomar decisiones".
El tema de la baja de la edad de imputabilidad está en el tapete y las víctimas se refieren a sus derechos vulnerados. Por otro lado, también existen derechos vulnerados de los niños y adolescentes culpables, en una situación social o familiar que determinó su futuro.
Desde el ámbito político se piden soluciones a un reclamo de la sociedad que se basa en aumentar las penas, pero muy poco en la rehabilitación y oportunidades para estos jóvenes.
Alianza Nacional (Partido Nacional) mantuvo una reunión ayer donde se planteaba la necesidad de buscar soluciones a la inseguridad y en particular a los delitos cometidos por adolescentes, y no esperar hasta el año 2014, propuesta realizada por el Partido Colorado (PC), que junta firmas para bajar la edad de imputabilidad. La propuesta incluye la creación de un instituto especializado de rehabilitación, algo que para el Frente Amplio ya fue laudado y acordado en la Comisión de Seguridad creada a nivel interpartidario por el presidente José Mujica al inicio de su mandato, en marzo de 2010.
En contrapartida, las instituciones de la organización civil, junto a sectores políticos de jóvenes frenteamplistas, comenzaron el viernes a discutir contrapropuestas a la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad. En la agenda también está analizar otras propuestas como la de mantener los antecedentes de los menores infractores una vez que cumplan la mayoría de edad.
Nicolás Núñez, diputado del Partido Socialista, explicó que "se está generando una red nacional en contra de la baja de la edad de imputabilidad" y que "se tiene la iniciativa de discutir con la sociedad organizada si es una solución". A su vez "se intenta poner en debate las soluciones que se proponen desde el gobierno y otros sectores".
Núñez aclaró que no se discute sobre el procedimiento de recolección de firmas, ya que "es legítimo y democrático", sino "la propuesta en sí". El PC considera que la recolección de firmas avanza a "buen ritmo" y que se llegaría antes del tiempo pensado a juntar las 250.000 necesarias.
En respuesta a esto, el Comité de los Derechos del Niño realiza una recolección de firmas a partir de una proclama que pide a las autoridades que no se endurezca el sistema penal de niños, niñas y adolescentes. Tuvo adhesiones de 500 personas, algunas de ellas vinculadas al ámbito artístico, social, periodístico, educativo y político, así como ciudadanos en general. Las firmas fueron entregadas al diputado Julio Bango, quien presidió la comisión que trató a nivel legislativo el problema de la seguridad en relación a los menores infractores.
Edad de imputabilidad
Uno de los debates planteados a partir de la iniciativa del PC es si es la solución definitiva a la delincuencia juvenil o si se deben atacar otros focos del problema, ya sea la problemática social o económica, la responsabilidad de los padres y de los gobiernos, entre otros. Otro de los debates radica en si es constitucional o no bajar la edad de imputabilidad, así como la posibilidad de que se estén contraviniendo acuerdos internacionales contraídos por Uruguay, tales como la Convención de los Derechos del Niño.
De acuerdo a lo ya informado por LA REPUBLICA, Uruguay recibió advertencias internacionales ante la posibilidad del cambio de normativa legal, en base a los Derechos del Niño. Para el senador Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay (PC), uno de los impulsores de la reforma constitucional, "la norma actual (Código de la Niñez) establece que se pueden imputar ciertas penas a una persona menor de 18 años. De bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años se podrán imputar penas a los menores teniendo en cuenta la gravedad de los delitos", dijo.
El PC propone que la baja se realice en casos de delitos violentos y "responde a la necesidad de sacar de las calles a los menores infractores y rehabilitarlos", dijo Bordaberry.
Para el doctor Ricardo Pérez Manrique, redactor del Código de la Niñez y la Adolescencia, el propio Código establece que los menores de 18 años, actualmente, "tienen responsabilidad" por sus actos. Dijo que "prevé que los adolescentes son responsables penalmente, lo que está establecido en el artículo 69".
Según el doctor en Derecho, los menores de 13 a 18 años tienen responsabilidad ante "acciones u omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor o coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales (...), la tentativa de infracciones gravísimas a la ley penal" y "la participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley penal".
Mantener antecedentes
Para el director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Javier Miranda, mantener los antecedentes de los menores infractores una vez que cumplan la mayoría de edad es "ya decirles que no se van a recuperar". Para el PC, tiene "el fin de que la Justicia actúe con una base de conocimiento", explicó Bordaberry.
El proyecto del PC establece como propuesta de reforma que "los antecedentes de los adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley penal no se destruirán y serán considerados en los procesos penales a los que puedan ser sometidos después de cumplir los dieciséis años".
El lunes 22 de noviembre de 2010, tras un Consejo de Ministros, se anunció que el gobierno estudiaba la posibilidad de mantener los antecedentes de los menores infractores una vez cumplida la mayoría de edad. La propuesta surgida desde los partidos Colorado y Nacional y el anuncio del gobierno cayeron mal en las instituciones sociales que defienden los derechos humanos.
El artículo 222 del Código de la Niñez según la propuesta del gobierno se encaminaba a quedar suspendido. Dicho artículo expresa que "los antecedentes judiciales y administrativos de los niños o adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los dieciocho años o al cese de la medida".
Luis Pedernera, del Comité de los Derechos del Niño (CDN), dijo en noviembre a LA REPUBLICA que "todas las medidas que tiendan a endurecer los sistemas penales hacia la población no son una solución" y que en particular, en lo que respecta al sistema penal y la infancia, "la experiencia muestra que lo que se plantea como excepcional termina siendo una regla".
Mauro Tomasini, del Servicio Paz y Justicia, expresó que los estándares internacionales dicen "lo contrario a lo que se cree" en cuanto a que esa "pueda ser una medida efectiva".
En una entrevista concedida a LA REPUBLICA la experta paraguaya Rosa María Ortiz, alta jerarca de Naciones Unidas (ONU), quien visitó Uruguay en diciembre, dijo que "hay que pensar que lo que favorece a los niños, favorece a la sociedad". "No hay que creer que defender los derechos de los adolescentes no favorece los derechos de los adultos. No es una guerra entre sectores sociales. Toda la sociedad se favorece si se los educa y si se contemplan sus derechos".
En igual sentido, desde el Poder Judicial se mostraron objeciones a la propuesta. El ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak expresó en diciembre (según consignó LA REPUBLICA), frente a la Comisión presidida por Bango, que el mantenimiento de los antecedentes de los menores estará incursionando en el incumplimiento de una fortísima recomendación vinculante de Naciones Unidas contraria a esa posibilidad. Agregó que un país "no tiene limitaciones en el ámbito internacional" ya que las propias reglas de Beijing establecen que la definición de menor queda a cargo de cada país. "Es decir, no estamos limitados internacionalmente para modificar la edad de imputabilidad penal", añadió.
Para Pedernera se debe tener en cuenta que la Convención de los Derechos del Niño adoptada por Uruguay en 1990 establece que la niñez es hasta los 18 años de edad. Pérez Manrique expresó también en la comisión que "el tema de los antecedentes tendrá efectos no sólo para una persona que es adolescente sino para una persona que es adulta, porque si comete un delito, se lo tomará como un agravante. "¿Qué incidencia tiene sobre la conducta de un adolescente? Es muy relativo", sostuvo.
Esta semana surgió desde filas frenteamplistas que la bancada tendría como propuesta la de mantener los antecedentes. Según informó a "El Observador" Aníbal Pereyra, diputado del MPP, se discute en la interna partidaria mantener los antecedentes de los adolescentes de entre 13 y 17 años que cometieron delitos graves.
"Inseguridad"
La declaración firmada por 500 personas tras el impulso de las asociaciones civiles dice que "ni la baja de la edad de imputabilidad, ni la preservación de los antecedentes, ni el incremento de las penas mejoran el estado de la seguridad de las personas, no reducen el temor, ni aportan el clima social adecuado, por el contrario generan mayor exclusión de los adolescentes, construyendo la ilusión de solucionar el problema". Agrega que "algunos actores políticos apuestan a presuntas soluciones que sólo producirán más gente presa a edades más tempranas y un aumento de la violencia, tal como ocurrió en todos los países en los que se implementaron iguales medidas".
Sostiene que "en este contexto, que coloca en un puñado de adolescentes del país la responsabilidad de los problemas de seguridad, se abona un terreno fértil para un discurso de mano dura contra lo mejor que se ha logrado en la lucha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que se ha consagrado en diferentes textos normativos: las garantías individuales y la limitación de la coacción estatal".
Quienes apoyan la propuesta de bajar la edad de imputabilidad argumentan que la gente vive en un estado de "inseguridad" que se ve cada día en los medios de comunicación. Para el director de Derechos Humanos del MEC, en una entrevista otorgada el 10 de diciembre a LA REPUBLICA, "acá lo que está ocurriendo es que otra vez estamos legislando para la tribuna y ese es uno de los problemas que tenemos en Uruguay".
"Legislamos al grito. Generamos opinión pública con base en los informativos y la crónica roja (...) y por la opinión pública el legislador termina adoptando medidas. Entonces las soluciones más sencillas son bajar la edad de imputabilidad y con eso calmo a la tribuna, a la población", explicó.
LA REPUBLICA intentó consultar a periodistas de medios televisivos, ya que Miranda apuntó a ellos, así como a directivos, y ninguno aceptó ser entrevistado, aunque la gran mayoría (cuatro de seis) opinó que lo que muestran los informativos es lo que sucede y lo que la gente dice es lo que piensa.
Luis Pedernera dijo a LA REPUBLICA que ve "con preocupación que los temas de los delitos cometidos por adolescentes se magnifican en la prensa". En los medios de comunicación escritos aumentó significativamente la cobertura de los hechos de violencia cometidos por menores de 18 años, según el estudio realizado por la Agencia Voz y Voz en 2010. La estigmatización de los adolescentes llevó a que en declaraciones al diario "El País" del viernes, un jerarca de Cerro Largo dijera: "Es un problema de seguridad a futuro, ya que los menores que adquieren esos hábitos van a terminar delinquiendo de mayores".
La noticia de la posibilidad de que los policías vigilen a los niños que falten a clase, ya que la comunidad considera que aumentó la delincuencia por esta razón (LA REPUBLICA no pudo obtener datos reales sobre este "aumento" de los delitos, tras consultar a tres jerarcas policiales del departamento), generó alarma en las autoridades de Primaria y del propio Ministerio del Interior, que el viernes desmintió (según publicó ayer LA REPUBLICA) la posibilidad de que la Policía investigara a los niños que falten al ser potenciales delincuentes.
Según la declaración firmada por 500 personas e instituciones sociales, enviada al Parlamento con el fin de sensibilizar a las autoridades y la opinión pública para que no se endurezcan las penas a menores infractores, "la violencia amplificada en los medios de comunicación, que se vale del dolor de las víctimas expuesto impúdicamente, se centra exclusivamente en los niños, niñas y adolescentes como únicos causantes de la violencia". Sin embargo, explica la declaración, "los datos y las investigaciones hasta la fecha realizadas confirman una cuestión irrefutable: son los niños, niñas y adolescentes las principales víctimas de la violencia".
Sin propuestas
La semana pasada el diario "El Observador" informó que los delitos fueron cometidos en un 45% por menores y que la policía cree que se podría disminuir esa cifra si se evitan las fugas del INAU. Unicef lanzó a fines del año pasado una declaración que señalaba que desde 2004 los delitos cometidos por menores de 18 no aumentaron. En las propuestas de reforma muy pocas veces escuchamos el porqué de la delincuencia adolescente. "Estos menores nacen así", fue lo que dijo la víctima de un asalto entrevistada por los canales de televisión a veinte minutos del hecho. ¿Los menores nacen así?
El contexto socioeconómico, cultural y educativo es pocas veces mencionado en los medios de comunicación. En un estudio presentado en 2009 sobre la cobertura televisiva de la crónica policial, la entonces titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Marina Arismendi, expresó que de acuerdo a las conclusiones en los medios poco se informa sobre las causas que llevaron a una persona, sea mayor o menor, a delinquir. Varela, en la década de 1870, escribió que con la educación "se aminoran los crímenes y los vicios y aumenta la prosperidad, la fortuna y el poder de las naciones".
El director del Area de Educación de Jóvenes y Adultos de la ANEP, Felipe Machín, dijo que "recluir no es la única solución, es también educar para que el individuo sea útil a la sociedad". Una de las cuestiones planteadas por Machín fue que "en la cárcel se tiene mucho tiempo ocioso que hay que aprovechar".
Para el presidente del INAU, Javier Salsamendi, la institución debe cumplir con un mandato judicial: "hacer que el adolescente pague por sus delitos, pero sin olvidarnos de procurar rehabilitarlo". Para Bordaberry, en el proyecto de reforma que presentó el PC, "se contempla la rehabilitación, que incluye la educación". Sin embargo, también se solicita ampliar las penas, rehabilitándolos, pero nada se dice de la reforma del sistema de rehabilitación, una de las posibles fallas, además de las de seguridad del INAU, que hoy no se pone en cuestión.
En la declaración enviada al Parlamento con las 500 firmas se expresa que "las deficiencias estructurales de las instituciones encargadas de llevar adelante las sanciones privativas de libertad son elocuentes. Encierro y ocio compulsivo, deterioro edilicio, malos tratos, tortura y muertes en los centros, son una constante de los últimos 20 años". Destaca que "poco se ha avanzado para hacer de estos sitios lugares donde la violencia se reduzca en términos significativos".
La declaración enviada al Parlamento expresa: "Entendemos que las políticas de mano dura que se están proponiendo no significan una respuesta adecuada". Según dicha declaración "hasta la fecha ningún dato válido de fuente confiable, realizado con criterios medianamente serios y de calidad técnica, avala el supuesto auge de conductas delictivas por parte de adolescentes".
fuente: La República
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