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EL FA CONCIBE LA SEGURIDAD
COMO "UN DERECHO CIUDADANO
Y UN DEBER DEL ESTADO"
11 PROPUESTAS CONCRETAS
El Frente Amplio considera que "es necesario enfrentar los problemas de la inseguridad con una concepción integral" que implique "una política más fuerte en prevención, disuasión, represión y sanción de los delitos", "seguir invirtiendo en políticas sociales para enfrentar los factores sociales que producen la marginalidad y potencian la delincuencia", "promover la solidaridad y el respeto a las y los otros, confrontando las diferentes formas de violencia social y cultural que favorecen relaciones interpersonales basadas en la fuerza".
El Frente Amplio propone
11 principales objetivos para el próximo período de gobierno en materia de seguridad ciudadana.
El primero "duplicar los recursos presupuestales del Estado al Ministerio del Interior" en un "esfuerzo colectivo de toda la sociedad" que "permitirá continuar el proceso de recuperación salarial de los integrantes de la institución responsable de la seguridad ciudadana y la modernización de los sistemas de prevención, disuasión y represión del delito".
Un segundo objetivo buscará "fortalecer el Instituto Policial como servidor de la Comunidad" mediante "la reforma de la Ley Orgánica Policial" para que la Policía profundice "su carácter de cuerpo armado de naturaleza civil y profesional" y como "auxiliar de la Justicia".
A su vez se proyecta dar "carácter nacional al Regimiento Guardia Republicana", "con despliegue en todo el país", "bajo la conducción del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior", y como "auxiliar de las Jefaturas" departamentales.
Un tercer objetivo será "continuar la profesionalización policial, desarrollando sus funciones de planificación, evaluación e investigación", mediante la "selección, formación, capacitación y ascenso de sus integrantes" con "más y mejores policías asignados a la prevención, disuasión y represión del delito", apoyados en un "proceso de formación permanente de los funcionarios", ampliando "acuerdos y convenios con la enseñanza media, terciaria y la Oficina Nacional del Servicio Civil". En tanto, se buscará "incorporar tecnología de punta para la investigación criminal", "en unidades y especializadas (policía técnica, represión del tráfico de drogas, investigación policial y criminal, combate al abigeato, entre otros)", a la vez que se pondrá "énfasis en el desarrollo de actividades de inteligencia" para "con recursos humanos y la labor de inteligencia" y "contribuir a que la Dirección Nacional de Información e Inteligencia sea un instrumento adecuado para el combate al delito común y al delito organizado". Respecto al cuestionado servicio de vigilancia por artículo 222, se propone su disminución en "forma progresiva", "llegar a su eliminación, asegurando los niveles de remuneración de los funcionarios policiales y la atención de la demanda de vigilancia que cubre este servicio".
Un cuarto objetivo consistirá en "mantener y profundizar la lucha contra el narcotráfico, lavado de dinero y otros grupos de crimen organizado, fortaleciendo el Plan Nacional Integrado contra el Narcotráfico, que coordina todos los organismos represivos y agencias estatales", al tiempo que se invertirá "más tecnología, más medios y más recursos humanos con remuneración acorde a dedicación exclusiva", pero "con evaluación de resultados".
Un quinto objetivo será "continuar con el desarrollo de la Dirección de Asuntos Internos para mejorar la calidad y la transparencia del servicio policial".
El sexto objetivo planteado en el documento se refiere a los "servicios privados de vigilancia y custodia", cuya normativa será reformada, y sobre los que se ejercerá un "contralor de calidad" con evaluación y acreditación periódicas" y mediante la "capacitación de su personal a cargo de la Escuela Nacional de Policía".
En un séptimo objetivo denominado Código Penal se establecen propuestas de modificación en las sanciones y penas. Se propone sancionar "con mayor severidad los delitos de crimen organizado", y se fundamenta en que existen nuevos delitos como el citado y el tráfico de drogas que deben tener "otro tipo de penas". También se establece que debe haber una respuesta, también desde las penas "hacia las personas que delinquen en forma habitual y reincidente", "establecer un nuevo sistema de protección a las víctimas de los delitos con la creación de un Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas del Delito", y a su vez "reformar el sistema de responsabilidad civil" porque "el Estado debe emitir señales claras respecto a la respuesta penal que dispone en el caso de delincuentes primarios respecto a las personas que delinquen en forma habitual, y brindar una oportunidad a quienes cometen delitos no graves en calidad de primario".
Allí se afirma: "Daremos un viraje importante en esta materia, ya que proponemos, que las Cárceles salgan de la órbita del Ministerio del Interior" a través de la creación de "un Instituto Nacional de Rehabilitación", "como servicio descentralizado", "de la gestión de las medidas de privación de libertad", tanto en los establecimientos para adultos como en los "destinados a adolescentes".
"Los centros de privación de libertad" serán "descentralizados" y se construirán "nuevos establecimientos" para adultos en todo el territorio "según la densidad poblacional y las facilidades de comunicación y transporte", a la vez que creará "una cárcel de alta seguridad" para "personas procesadas vinculadas a organizaciones delictivas de gran poder".
Al mismo tiempo se apoyarán y multiplicarán "los Módulos y Equipos de Tratamiento de Drogas en Cárceles" porque el consumo de drogas no puede ser una coartada para delinquir, por lo que se deberá "garantizar el tratamiento de los reclusos" adictos.
Además se asegurará que "toda persona privada de su libertad pueda realizar tareas productivas y remuneradas" y que "pueda formarse, estudiar y culminar sus estudios" para que "la reducción de la pena no sea sólo en base a la buena conducta", sino también en consideración de "las tareas productivas y los estudios realizados durante la privación de libertad".
Mientras tanto, "se ampliará la posibilidad de aplicar penas alternativas a la cárcel, como multas, trabajos en beneficio de la comunidad, localización permanente y los arrestos de fin de semana", "beneficios que sólo podrán ser concedidos a quienes no sean delincuentes habituales, reincidentes y no cometan delitos graves", a la vez que los patronatos serán profesionalizados "en directa relación con el Mides" y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El objetivo noveno propone "llevar adelante políticas que colocan a la niñez y la adolescencia como interés superior de la Nación" porque "no se comparte la aseveración fácil de que bajando la edad de imputabilidad todo se resuelve". "La niñez y la adolescencia no son solamente el futuro de nuestra sociedad, sino también la base del desarrollo actual".
En tal sentido, el documento propone "escuelas de tiempo completo" para que los niños en "contextos críticos puedan desarrollar actividades en un horario superior donde podrán aprender, y participar de actividades educativas y culturales en un horario más extenso, y vivir experiencias junto a otros niños y niñas de su edad".
De manera simultánea se perfeccionará "el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil" para el "estado de los instrumentos y recursos adecuados" necesarios para "hacer efectivas las resoluciones dispuestas por la Justicia competente, ya sea con penas que impliquen privación de libertad o medidas alternativas", y se creará "un Instituto de Responsabilización de los Adolescentes en conflicto con la ley penal" que "será un organismo especializado en la ejecución de las medidas dispuestas por la Justicia, con el más alto grado de autonomía técnica". "Contará con personal capacitado e infraestructura edilicia" para "garantizar, tanto el efectivo cumplimiento de la medida judicial privativa de libertad, como asegurar un clima de respeto a los Derechos Humanos, compatible con las necesidades efectivas de reinserción social de los adolescentes", y se "hará un seguimiento efectivo y un cumplimiento estricto cuando la Justicia determine medidas socioeducativas sin privación de la libertad, que suponen la permanencia del adolescente en su marco de convivencia familiar y comunitaria, incorporándolo a una rutina educativa obligatoria, de carácter personalizado, que gire en torno a la responsabilización del adolescente por la infracción a la ley penal".
El décimo objetivo será "seguir avanzando en la gestión local de los problemas de la seguridad ciudadana y la convivencia democrática", mediante la profundización y desarrollo a nivel nacional de "las Mesas Locales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, como instrumentos idóneos para el diseño de planes de seguridad participativos y comprensivos de los problemas locales".
Dentro del mismo concepto se contribuirá "la apropiación de los espacios públicos por los ciudadanos" con el apoyo de una "campaña permanente contra usos y costumbres que reciclan el circuito del delito (compra de objetos robados, vender alcohol a los menores, facilitar el lavado de dinero, etc.)", y se apoyarán y multiplicarán "los Centros de Información, Escucha y Amparo en los barrios, centros comunales y localidades, como un recurso comunitario con apoyo técnico y de varias instituciones nacionales y municipales para fomentar la contención y derivación local para los adictos, los padres y familiares y vecinos que buscan apoyo por la problemática de drogas".
El onceavo objetivo se titula "Enfrentamiento a las Violencias" e identifica la política en este punto como "mejorar las repuestas institucionales contra la violencia doméstica, de género, el maltrato y el abuso infantil".
Para ello se plantea jerarquizar "en cada jefatura de Policía las unidades especializadas contra la violencia doméstica, de género, el maltrato y abuso infantil, incorporando personal con formación específica y aptitudes para trabajar en el tema", ya que "estas formas de la violencia constituyen factores privilegiados en la producción de inseguridad en la vida de las personas".
Además será elaborada e implementada "una Política Nacional Contra las Violencias Sociales".
"Se pondrán en juego diferentes recursos estatales para enfrentar el prestigio social de la violencia y el delito", lo que "deberá ser un programa permanente de intervenciones que incluya la utilización de recursos adecuados a los públicos a los que se dirige, especialmente niños, niñas y jóvenes (trabajo en aulas, utilización de los recursos del plan Ceibal, entre otros)" y "se prestará especial atención a las formas instaladas de violencia en públicos (plazas, entornos de los centros educativos, entre otros), y particularmente en los espectáculos deportivos".
A su vez, destaca el documento, "se buscará desarrollar alianzas con los medios de comunicación de masas para incrementar el prestigio de las formas democráticas y no violentas de resolución de conflictos, y deslegitimar la espectacularización de la violencia y el delito".
También se propone crear las Comunidades Terapéuticas Especiales dentro de la actual Red de Asistencia en Drogas "mayores y menores con problemas graves de conducta asociadas al consumo de drogas". "Deben tener una modalidad de comunidad cerrada con enfoque de inclusión social y de rehabilitación por trabajo, estudio y disciplina comunitaria".
El documento explica que el "proyecto de desarrollo y las políticas hacia la igualdad y la integración" buscan "generar las condiciones para que las personas se sientan seguras en el mediano y largo plazo". "Apostamos a un modelo integrado de protección social" porque "queremos vivir en una sociedad donde predomine la confianza y no el miedo".
"Por eso", concluye, "proponemos más confianza en las instituciones que enfrentan el delito, más confianza en que hay oportunidades para salir de los circuitos delictivos, más confianza en que la educación, el trabajo, el esfuerzo y la solidaridad valen la pena".
En resumen, se propone "más confianza para que haya más seguridad, y más seguridad para vivir con más confianza".
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